MARCHA POR LA EDUCACIÓN EN PUNTA ARENAS



TODOS CON MASCARAS ESTE 28, NO DEMOS LA CARA AL GOBIERNO MIENTRAS ELLOS NO NOS DEN LA CARA EN CUANTO A LAS MOVILIZACIONES!

JUNTEMOSNOS TODOS EN EL SAKTE PARK, DE ESPAÑA CON ANGAMOS

Quien Convoca? La Aces y Confech.

¿Las razones?
-> Desmunicipalización de la educación secundaria.
-> No al lucro
-> Mayor regulación
-> Mayor Financiamiento público a educación.

Salgamos nuevamente a las calles a protestar por una Educación pública de calidad y gratuita, no nos quedemos de brazos cruzados viendo como el ejecutivo apararece en los medios anunciando reformas que resultan completamente insuficientes para las demandas por las que hemos venido luchando desde hace mas de un año.

LA EDUCACIÓN CHILENA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

A difundir el evento, Nos vemos el 28!

El Frente Popular Dario Santillán responde a la presidenta


El Frente Popular Dario Santillán responde a la presidenta: "Cuidado Cristina, el doble discurso se vuelve una cínica ofensa al pueblo
cuando choca con la memoria y la dignidad de Darío y Maxi".

La presidenta Cristina Kirchner aprovechó la cadena nacional para "solidarizarse" por los asesinatos de Darío y Maximiliano,... además de remitir en su discurso a otros temas ya tristemente recurrentes, como la justificación del ajuste y la criminalización del legítimo derecho de protesta sindical y social, asociándolos una vez más con la extorsión. Es lógico lamentar la pérdida de vidas humanas en un accidente como sucedió con algunos integrantes de Gendarmeria Nacional, pero el homenaje que proclamó hoy la presidenta a dicha fuerza enmarcada en los ultimos hechos suena como una burla especialmente al hacerlo en el día en que, hace 10 años, esa misma fuerza represiva compartió responsabilidades en los asesinatos de Darío y Maximiliano,. En ese "homenaje" además, asoció las causas de ese lamentable accidente a la protesta de los trabajadores, en un avance discursivo más en contra del derecho a la protesta social contra el que el gobierno cada vez más arremete, y arremete no solo desde lo discursivo si no mismo en avances institucionales concretos para castigar la expresion social y la manifestacion popular como la "Ley antiterrorista".

En el caso concreto de la "solidaridad" expresada ante la conmemoración de los asesinatos de nuestros compañeros, la presidenta pretende sostener sus dichos en una pretendida desmemoria popular Señora presidenta, no sea hipócrita! Si realmente sintiera algo parecido a la solidaridad ante estos hechos impunes, no hubiera albergado en su espacio político a quienes tuvieron responsabilidad en aquellos crímenes. Como Carlos Soria, candidato a gobernador por su partido, el Frente Para la Victoria, en Río Negro, que contó con su aval personal. Soria dirigió los Servicios de Inteligencia que comandaron el accionar de Fanchiotti durante la represión, como quedó constancia en el juicio a los policías. Y usted, lejos de solidarizarse con esta causa en su momento e impulsar la búsqueda de justicia, premió a unos de los ideólogos de los crímenes. Frente a usted, señora presidenta, suele estar Aníbal Fernández, integrante del gabinete presidencial que orquestó aquella represión, y vocero del discurso policial que complementó los crímenes. Si relamente sintiera solidaridad por esta causa, no seguiría teniendo entre sus colaboradores a ese nefasto personaje que ofende la memoria de los jóvenes asesinados. Hacemos nuestras las dolidas palabras de Alberto Santillán, padre de Dario, al enterarse de su alocución: “Cristina nos manda la misma solidaridad de mierda que permite que Aníbal Fernández esté en el gobierno‘“.

Otro hecho, más directo, nos hace dudar de sus palabras y nos despierta indignación. En el gobierno anterior que usted compartió con su marido, brindaron al ex presidente Duhalde, quien debía ser investigado por estos crímenes, una salida "discreta" durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, "premiándolo" con la designación como presidente de la Comisión Permanente del MERCOSUR. Este "favor" concedido al principal responsable de los crímenes de Darío y Maxi, además, fue coronado por ustedes con el entorpecimiento que el gobierno de Néstor Kirchner realizó respecto al esclarecimiento de los hechos de Avellaneda. El propio padre de Darío Santillán declaró sentirse “forreado y usado” por el entonces presidente que, después de recibirlo y fotografiarse con él, prometió la desclasificación de los archivos de la SIDE para avanzar en las responsabiliades políticas.

Hoy luchamos contra la impunidad, desde la militancia popular impulsamos otro proyecto de país, sin explotación, sin hambre. REALIDADES BIEN VIGENTES POR LAS QUE LUCHABAN DARÍO Y MAXI, QUE SIGUEN PENDIENTES DE SER RESUELTAS, AÚN DESPUÉS DE 9 AÑOS DE GOBIERNO DONDE, INCLUSO, ALGUNOS MALES QUE PERJUDICAN AL PUEBLO SE HAN PROFUNDIZADO, COMO EL SAQUEO DE NUESTROS BIENES COMUNES A LO LARGO DE TODO EL PAÍS. No hace falta que lo digamos nosotros: basta encontrar en el testimonio vivo de los compañeros asesinados una firme posición frente a esto, que hubicaría hoy a Darío y Maxi luchando contra las injusticias, en cada movilización, en cada huelga de los trabajadores, denunciando la judicialización de la protesta social y la represión. Y el doble discurso, como el que usted enarbola, que se vuelve cínico y ofensivo cuando busca desvirtuar la memoria y la lucha de quienes ya no están.

En la misma sintonía aparecieron en las cercanías de Avellaneda afiches que ponían a Darío y Maxi junto a la figura de Néstor Kirchner, tergiversando la historia y asociando proyectos políticos bien disímiles: Darío y Maxi no lucharon por su "capitalismo en serio", sino por un Cambio Social, por una transformación radical de la sociedad. Desde el Frente Popular Dario Santillán tenemos marcadas diferencias con el "modelo" de país que su gobierno nos propone. Luchamos consecuentemente contra las injusticias, y podemos debatir fraternalmente también con la militancia popular que ve en el gobierno un proyecto positivo para el pueblo. LO QUE NO PODEMOS DEJAR PASAR ES EL DOBLE DISCURSO QUE MANOSEA LA MEMORIA DE NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS.

No esperamos de su gobierno palabras de solidaridad. En algún momento esperamos un compromiso de ustedes con la justicia, que junto a Nestor Kirchner defraudaron. Por eso sabemos que sólo habrá justicia a través de la lucha popular.

Darío y Maxi viven en cada lucha cotidiana, de los trabajadorxs y de todo el pueblo, contra las injusticias!!!
Seguimos exigiendo juicio y castigo, y denunciando el doble discurso y las complicidades con la impunidad

Contactos:
PRENSA.
15.5605.6238
154974.9690

CONTACTOS.
- Alberto Santillán (padre de Darío), 15.5603.5256
- Leonardo Santillán (hermano de Darío, militante del Frente Darío Santillán), 15.5159.9898
- Federico Orchani (vocero del Frente Popular Darío Santillán), 15.5695.5701
- Daniela Ramos (vocera del Frente Popular Darío Santillán), 0221.15.545.0274
- Zulema Aguirre (vocera del Frente Popular Darío Santillán), 15.6830.3902)

A 10 años de la Masacre de Avellaneda,
Frente Popular Darío Santillán
en la COMPA

"POR LA NO POLITIZACIÒN DEL CARNAVAL FUEGUINO" Entrevista a la Agrupación del Carnaval Ushuaiense



La nueva Agrupación del Carnaval Ushuaiense (ACU) que reúne a murgas, comparsas, fraternidades y otras expresiones carnavalescas clama por un lugar en la agenda cultural de Ushuaia. Son colectivos que desde hace años conforman los carnavales de verano e incluso representan a la ciudad en las fiestas del otro lado de la cordillera: siempre traen o el primer o el segundo puesto desde Río Grande. Pero para la gobernación, además de no brindar espacios de práctica para las comparsas, de no apoyarlas en general en ninguno de los sentidos, el carnaval se ha vuelto una arista política y partidaria: murgas alineadas con el gobierno que vienen de otros lados del país, ocupan el centro de la escena, se vuelven, no dejan nada. Dice Cecilia, una de las que levanta la voz: “Planteamos que, dentro de todo esto nuevo, no se altere la identidad del carnaval ushuaiense, que no se torne un evento proselitista. Revalorizarlo y no politizarlo, que cada uno pueda conservar su identidad y así el conjunto de la identidad heterogénea que caracteriza al carnaval”.

Por eso, la Asociación que todavía está formándose tiene representantes de todas las danzas y artes que componen el carnaval fueguino. “Estamos reunidos, primero, con el objetivo de organizarnos, y después para intervenir con pedidos concretos: ya enviamos un proyecto para modificar la ordenanza que regula el evento del carnaval, y estamos proyectando un posible carnaval de invierno”, adelanta Roxana Perrie, del centro-murga Estrella del Sur. Otra idea es articular recursos por parte del Estado: desde espacios que sirvan para “practicar” de cara a los distintos eventos hasta cuestiones concretas de financiamiento. Pero quizá, todo esto, se entienda mejor desde el diálogo que surge Roxana, Cecilia, Elmiro Recaldes de la fraternidad Fuego Andino, Alejo Coronel de la murga Los Babosos del Fuego, Luis Fernández por la comparsa Tobas Huayna Pacha, Merancuré Luá de la fraternidad Ticuricari y Jésica Caranchik, representante de Traficantes de emociones.

No importa quién habla:

-“Nos unimos ante tantas cuestiones de rechazo. Siempre nos hacen sentir que somos menos, nunca podemos tener un evento como corresponde, hace años que no se organiza un buen carnaval. Siempre estamos reconocidos como ´los negritos de…´”

-“…del Ghetto, los marginales…”

-“Nos parece muy mala la organización desde la municipalidad. No hay sustento, no hay apoyo a las agrupaciones”

-“La municipalidad viene y te dice que hacer. Y nosotros lo que queremos es opinar, decidir, participar de las decisiones del carnaval”

-“Queremos hacer crecer el carnaval pero para toda la gente, para todo el pueblo”.

Lo “popular” queda así resignificado, reapropiado a las raíces. Estos murgueros lo explican desde la propia lógica carnavalesca: “La murga no es discriminatoria, cualquier persona puede entrar a cualquier agrupación”, propone Alejo. “Los chicos que van a las murgas, a las comparsas, son chicos que les falta afecto, que tienen algún problema, y ahí encuentra su espacio, su lugar, tienen una actividad”. Además estiman que todo el movimiento generado desde el carnaval convoca indirectamente a más de 900 personas. Hacen cuentas: “Si son 10 y hasta 12 agrupaciones, más las familias, más los que vienen de Río Grande…”.

Contra aquellos que pregonan lo nac&pop sin el pueblo, estos representantes arriesgan estas palabras cuándo se les pregunta sobre qué es un carnaval: “heterogéneo”, “mosaico intercultural”, “popular”, “encuentro”, “compartir”.

Hasta ahora, como bien recuerda Cecilia, “todo lo que tenemos fue logrado a pulmón. No nos han dado nada. Y no es fácil llevar una murga adelante, te lo puede decir cualquiera de los que están acá”. Sigue la charla: “La idea es empezar a recurrir en las políticas, porque el carnaval no tiene un espacio en la agenda política de Ushuaia. Es más, las actuales políticas atentan contra lo que es el carnaval”.

¿Por qué no llega el apoyo?

-“Porque es más fuerte una orquesta sinfónica que cobra y mueve recursos, que una murga que es popular y no cobra nada”.

-“Es una cuestión de elitismo; diferentes conceptos de cultura”.

Alejo plantea la paradoja: “Vos fíjate lo que pasa cuando vamos a Río Grande. Allá nos ceden espacio a las agrupaciones, nos atienden, y encima siempre traemos el primer o el segundo puesto… Y acá ensyamos en playones con nieve, con frío, bajo la lluvia, hay vientos… Es injusto, porque representamos más que bien a la ciudad”.

Por eso, la gran prueba de esa Asociación será la organización del carnaval de invierno. “Esperamos que pueda organizarse a partir de nuestras decisiones”, dice Cecilia. Para garantizar los recursos ya se juntaron distintos actores del sector público y privado: “Ahora que maduramos es viable, pero necesitamos apoyo”, reclaman.

Mientras tanto se siguen organizando, debatiendo y haciendo de este encuentro una fiesta para todos!.

por: Proyecto Ají Comunicación Autogestiva Patagonica

Las claves de la despenalización Por Emilio Ruchansky

Para explicar los principales puntos del proyecto de ley que se encuentra en debate de comisiones de la Cámara de Diputados, Página/12 acudió a los actores involucrados y a distintos especialistas, quienes plantearon también los desafíos pendientes en un universo que incluye y excede a la despenalización: las políticas públicas en drogas. Aunque se esperaba un dictamen en esta semana que comienza, el debate continuará a puertas cerradas entre diputados y diputadas.
EL CULTIVO PERSONAL 
Plantas propias
El autocultivo de marihuana como un acto posible, derivado del permiso de tenencia de drogas para uso personal, es uno de los puntos más innovadores y discutidos de la reforma de la ley. La modificación propuesta agrega al artículo 5 de la ley actual la frase: “Con fines de comercialización”. Esto quiere decir que los jueces podrán allanar la casa de un cultivador cuando tengan pruebas de que está comercializando o pretende hacerlo, delito que está penado actualmente con penas de entre cuatro y quince años. El criterio es compartido por varias cámaras federales, incluyendo la de Casación Penal, que el pasado 3 de abril absolvió a un padre en Gualeguay, Entre Ríos, procesado por tener tres plantas en su jardín a la vista de su esposa y sus niños, el mayor de 4 años.
En los últimos años, el reclamo por la libertad de los cultivadores presos o procesados llevó al escenario de la edición local de la Marcha Mundial de la Marihuana a los primeros activistas a favor de la regulación del cannabis. Matías Faray es fruto de ese proceso, que derivó en clubes y asociaciones: el movimiento cannábico. Como otros tantos “cannabicultores” del conurbano bonaerense, de Mar del Plata, Córdoba y Rosario, habló en el plenario de comisiones en el Congreso y resalta a este diario: “En la última marcha salieron 60 mil personas a la calle en todo el país. Y eso que los usuarios no se animan o no les interesa marchar”.
La reforma no menciona asociaciones de cultivo, tampoco las prohíbe. Son debates que los actores sociales, como Faray, tienen como horizonte. “Cuando empezamos a debatir la despenalización sólo se hablaba de ‘adictos’. No aparecía el concepto de usuario, abusador y dependiente, menos de cultivadores. Después de las detenciones, los pibes en sus barrios, en sus ciudades, se empezaron a agrupar para intercambiar información y también para protegerse porque tenemos en claro que no pueden obligar a comprarle al dealer, si nos reconocen como usuarios”, explica.
“Hoy hay un complemento en el movimiento. En Mar del Plata se especializaron en usuarios medicinales, por ejemplo. Hay asociaciones interesadas en el cáñamo industrial y nosotros, en el club de cannabicultores tenemos otro nivel: repartimos manuales de cultivo, de reducción de daños, como cultivar orgánicamente”, dice Faray, extrañado de que los diputados no les preguntaran nada sobre el cultivo a los activistas en el Congreso. “Creemos que si armamos clubes de cultivo sin fines de lucro, podemos dar el debate judicial. Hay que encontrar salidas comunitarias y dar más información para terminar con la discriminación”, asegura.
Faray está procesado por cultivar y confía en su absolución. En los últimos años, en los tribunales bonarenses y federales se están dando señales. Los camaristas Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar acaban de aclararlo en un fallo sobre el cultivador entrerriano, cuya casa fue allanada en noviembre 2009: sólo es legítimo utilizar el derecho penal ante infracciones graves y como recurso extremo. “Es inadmisible la punición de acciones u omisiones que no tienen ninguna posibilidad de generar un riesgo”, afirmaron los camaristas federales de Casación Penal.
EL PROBLEMA DE LAS MULAS

Eslabón débil

Uno de los argumentos de mayor consenso entre los diversos proyectos de ley presentados en el Congreso es la necesidad de distinguir penalmente el microtráfico del tráfico a gran escala y el crimen organizado. En ese sentido, se prevé una modificación al artículo 866 del Código Aduanero para permitir que “las mulas”, como se conoce a las personas que trafican drogas ilegales en pasos fronterizos o en vuelos internacionales, puedan afrontar el proceso judicial fuera de la cárcel y que exista la posibilidad de que reciban una pena en suspenso y no de cumplimiento efectivo. Para buena parte de estas personas se trata de su primer delito y, si la expectativa de pena no supera los tres años, al no tener antecedentes pueden quedar en libertad condicional.
“Lo que se propuso es que siga aumentándose un tercio el máximo de la escala penal, que es de doce años, cuando es tráfico internacional y no el mínimo, que es de tres. Entonces, si el juez está ante un contrabando básico, como suele ocurrir, puede aplicar una pena en suspenso y darle una segunda oportunidad”, afirma Alejandro Corda, que publicó en 2011 Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina, un informe editado por la Asociación Intercambios y la Universidad de Buenos Aires.
En su trabajo, Corda muestra el impacto carcelario de la ley actual, que en el caso de las mujeres muestra que en 1989, al sancionarse la norma, había 253 presas en el Sistema Penitenciario Federal. En 2010, había 792. En cárceles bonaerenses, tras la desfederalización de los delitos menores ligados al tráfico y comercialización de drogas, aumentó un 86 por ciento entre 2005 y 2010. El perfil de las detenidas, extranjeras y argentinas, es el de una jefa de familia que por necesidades económicas acepta transportar sustancias ilegales. Y en general, no reinciden. “Los reincidentes son los tipos pesados, dedicados a los secuestros extorsivos o robo de caudales”, comenta el abogado.
Reformar el Código Aduanero no evitará que los jueces puedan imponer penas de cumplimiento efectivo a mulitas, pero abre otras opciones y facilita el trabajo de los defensores. “Si se trata de un actor menor del tráfico, la pena va a ser tres años. Si la condena es de cuatro o cinco, la condena va a ir a la cárcel, aunque ese tipo de penas, que llegan hasta los 16 años, están previstas para actores más importantes en la cadena del tráfico”, explica Corda, secretario en el fuero penal federal. Claro que esto depende de cada juez.
Corda asegura que ahora en Argentina hay mejores jueces que hace diez años. “Pero seguimos teniendo una Justicia elitista, que no entiende la vulnerabilidad de estas personas”, aclara luego. En la Justicia federal de Mendoza, Córdoba y en provincias del norte influye la idiosincracia local y los contactos políticos de los jueces conservadores, “que son menos conocidos que los progresistas”. En la reforma de la ley de drogas, dice el investigador, “la Justicia pone en juego sus propios prejuicios: no se trata sólo de la letra de la ley, sino de las prácticas de los jueces y los policías, si van a cambiar o no en función de las reformas”.
LA FIGURA MAS POLEMICA

Tenencia simple

La ley actual pena la tenencia para consumo personal, para fines de comercio y también la tenencia en sí misma. Esta última figura, más conocida como “tenencia simple”, prevé penas de uno a seis años de prisión para “el que tuviere en su poder estupefaciente”. En el caso de los usuarios, debe “surgir inequívocamente” que la tenencia es para uso personal, si se quiere conseguir una baja en la calificación penal. En la reforma penal en análisis se le introducen dos modificaciones importantes. Se pone la carga de la prueba en la Justicia, por lo que debe surgir, también “inequívocamente”, que excede el consumo personal. Y la pena mínima pasa de cuatro a tres años, lo que permite afrontar el juicio oral en libertad y la posibilidad de una condena en suspenso.
“La tenencia simple es una figura que actúa como atenuante en los casos de comercio y como agravante en los de consumo. Es decir, puede tirar la pena para abajo o para arriba. Tal como está redactada en la ley actual es un tipo penal abstracto, que pone la carga de la prueba en el imputado y que termina definiendo la policía y luego el juez”, explica el camarista federal Eduardo Freiler. El cambio propuesto le parece un gran avance, aunque aclara que sigue permitiendo la judicialización del consumo. “El problema es que esta modificación se vea reflejada en los tribunales y sea recibida por todos los operadores judiciales”, señala.
El problema que plantea esta figura penal, agrega Freiler, es qué peso legal y punitorio puede tener la duda, ya que se aplica en los casos en los que no se puede determinar comercio ni uso personal. “El operador judicial logra mantener al imputado en el proceso penal, si no consigue pruebas en el juicio, puede imponerle la pena de tenencia simple, sin respetar el principio que indica que ante la duda beneficia al imputado”, analiza el camarista. Y aclara que la propuesta de una pena mínima de tres años sirve para diferenciar organizadores de eslabones menores del tráfico al momento de condenar.
El escollo, agrega, pasa también por el desconocimiento o la duda, que forma parte de la subjetividad del juez interviniente. La mayoría de sus colegas, reconoce, no distingue cuánta cantidad de sustancia precisan los consumidores o cuántas plantas se cultivan por persona. “Tampoco se tiene en cuenta que comprar en el mercado negro es peligroso y que los usuarios muchas veces juntan plata para hacer compras grandes y repartirse. Entonces, si los detienen con esa cantidad pueden recibir condenas que no merecen”, explica. Y refiere varios casos de usuarios que vienen de Buenos Aires y llevan éxtasis para ellos y sus amigos en el interior.
Además de esta especie de tenencia compartida que puede convertirse en tenencia simple, existe sobre esta última figura una larga tradición policial y criminal. “Nos dábamos cuenta en los juzgados cuando traían un consumidor y le plantaban droga, como para elevar el caso a tenencia simple o comercio. Pasaba, por ejemplo, que la cocaína que el usuario reconocía propia tenía un 70 por ciento de pureza y la platada sólo un 20. Y después, en un decomiso los acusados reconocían que traían más droga de la que se les había secuestrado”, recuerda.
TRATAMIENTOS JUDICIALIZADOS

Salud a la fuerza

Para todo aquel usuario en conflicto con la ley penal por poseer drogas para su uso personal hay una oferta, un canje de la pena por una medida educativa o un tratamiento curativo. Si el usuario vuelve a ser judicializado por el mismo tema, no se mejora la oferta: se lo obliga a cumplir la pena prevista: de un mes a dos años de cárcel. Esta dudosa oferta está derogada en la mayoría de los proyectos presentados. Alrededor de esta supuesta figura compasiva se armó una estructura sanitaria ineficaz por vulnerar una de las máximas compartidas por quienes trabajan en el tratamiento con una óptica respetuosa de los derechos humanos: la internación debe ser, en lo posible, voluntaria.
Conocida por su trabajo social y comunitario en Lomas de Zamora, como parte de la Red de Madres contra el Paco y por la Vida, Alicia Romero tiene claras las desventajas que plantea una causa penal en la recuperación de un usuario problemático. “A los chicos les quedan antecedentes penales y después es mucho más difícil que consigan trabajo. Los procesos pasan, pero los estigmas quedan. En cambio, cuando se traspasa este tipo de tratamientos a la Justicia Civil no quedan antecedentes”, plantea.
Si se derogan estas figuras de la ley actual, para internar a un usuario quedarán solo los tribunales civiles, que pueden aplicar el artículo 482, cuando existe riesgo cierto e inminente de que la persona se está destruyendo a sí misma y afectando la salud de terceros. “En la Justicia Civil hay que hacer colas y tardan demasiado hasta evaluar el caso. A veces hace falta la internación, no basta con un ambulatorio. Hay que desintoxicar y contener al pibe. Pero sólo ofrecen comunidades terapéuticas alejadas y con internaciones que duran meses, no hay mucho en el medio”, observa.
Los vecinos en los barrios marginados, dice Romero, llaman a la policía y se rasgan las vestiduras: “Acusan a los pibes de chorros por fumar porro o paco. Prefieren meterlos presos antes que ayudarlos”. Salir de la esfera penal en este tema es importante, agrega, porque también la policía denuncia y detiene a los usuarios de paco, que en caso de tener algún antecedente penal deben cumplir la pena por tenencia de drogas para consumo personal. “Y de nuevo. Muchos terminan presos antes de acceder a un tratamiento”, señala.
Romero menciona una serie de falencias de política de salud que debe afrontar día a día, cuando evita el sistema penal: “Faltan camas de medio camino, los expulsan de los hospitales públicos, casi no hay guardias psiquiátricas”. Las comunidades terapéuticas como única oferta, dice, generan desconexión familiar en los casos de chicos internados que vienen de otras partes del país a la provincia de Buenos Aires por los costos del viaje.
“Las organizaciones no tenemos mucho para ofrecer cosas. Al pibe le pasan otras cosas. Veo chicos de 14 años fumando en la esquina, ¿nadie de la familia lo va a buscar? ¿O le pregunta si comió? Están abandonados. Cuando vienen las madres le digo: ‘Anda a la esquina con él y decile que vas porque lo querés’. A veces no hay diálogo con los pibes, los pibes no hablan pero tampoco los quieren escuchar. Hace falta contener a la familia también”, señala.

LA “DIFUSION PUBLICA”

Fumar en la calle

El artículo 12 de la ley actual de drogas reprime con penas de prisión de entre dos y seis años la preconización o difusión pública del uso de estupefacientes, la inducción a consumirlos y el uso “con ostentación y trascendencia al público”. Todas estas figuras fueron derogadas en el proyecto de consenso alcanzado entre el oficialismo, la UCR y el FAP, donde se mantuvo la penalización para quien induzca a un menor a consumir drogas. En el primer plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para analizar la reforma, Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el consumo en la vía pública no implica proselitismo ni ostentación. “Algunos pueden fumar en su terraza, otros se tienen que arriesgar en la calle”, dijo.
Luciana Pol es una investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, especializada en violencia policial. Fue una de las expositoras en el Congreso y destaca que la ley de drogas es una de las justificaciones más corrientes de las detenciones policiales. “Se criminaliza la tenencia y la ostentación, entre otras figuras, para sostener prácticas que en realidad tienen que ver con el control territorial, el hostigamiento a jóvenes, prostitutas, travestis o migrantes y el control social de algunos sectores”. Es importante que una nueva ley impida el uso de esta “herramienta de trabajo” a los uniformados.
Cuando la policía ve a un pibe fumando en la plaza, dice esta socióloga, considera que ésta es una actitud sospechosa, lo que justifica averiguación de identidad y detención. “Estas detenciones son innecesarias, arbitrarias y discriminatorias, y por añadidura, en muchos casos durante la detención se registran graves situaciones de abusos, que incluyen el maltrato, las amenazas, torturas o hasta la muerte”, advierte. En los barrios marginados, donde muchos usuarios ejercen su privacidad en la calle, la policía aplica una compleja regulación. Pol comenta que el artículo 12 de la ley actual permite el hostigamiento y la requisa sistemática. “También es una forma de fichar pibes para otras cuestiones, como el armado de bandas criminales, algo que fue denunciado por jueces de la provincia de Buenos Aires y hasta por el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli”, comenta Pol.
Un eje importante de la reforma de la ley, dice la investigadora, es restringir los espacios de arbitrariedad policial, sobre todo cuando estas intervenciones “no son más que prejuicios que se basan en la condición social”. Entre 2010 y 2011, un cuarto de las 40 mil detenciones de la Policía Federal, se debieron a infracciones a la ley de drogas, mayormente por tenencia para uso personal y consumo en vía pública. Y también están las causas armadas por la propia fuerza, utilizando la actual figura de tenencia simple.
“Cuando se realizan los megaoperativos de saturación en la provincia de Buenos Aires, la policía allana masivamente asentamientos y villas en busca de drogas, armas y delincuentes. Después de cada uno de estos megaoperativos aparecen las denuncias de vecinos: allanamientos ilegales, plantado de armas y de drogas”, asegura. Si sigue existiendo la tenencia simple, agrega, “la acción policial discrecional sigue existiendo la tenencia simple, agrega, “la acción policial discrecional sigue teniendo espacio”.
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LAS AVENTURAS DE FABI

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SE VIENE LA PEÑA CULTURAL Y FAMILIAR EN USHUAIA



Este sábado 9 de junio se realizara una jornada de música, charlas, juegos y arte desde las 16 hs en San Martín 360 salón del I.P.R.A. de la ciudad de Ushuaia.
La misma será de entrada gratuita contando con una gran variedad de actividades para toda la comunidad.
Desde Buenos Aires nos visita la Diputada “Victoria Donda” del Movimiento Libres del Sur que junto al periodista “Pablo Marchetti” (creador de la revista Barcelona y panelista del programa Duro de Domar) darán una charla bajo el lema “Los derechos humanos hoy”.
En la jornada también se presentara el primer libro del local “Matías Cravero” titulado “Ushuaia me calienta” de Editorial Ají.
Por la parte musical se presentaran en la peña el “Conjunto Falopa” de Buenos Aires liderado por “Federico Marquestó” y “Pablo Marchetti” con sus peculiares tangos y cumbias revolucionarias. La agrupación de “Niños Sikuris” mostrara su repertorio de música andina en este proyecto que lleva adelante Edgardo Quisver. La jornada se completara con la presencia del dúo de “Nicolás y Lautaro Mariscal” y el grupo “Que me haga fruta”.
La parte teatral estará a cargo del grupo TEATROPARED de la ciudad de Ushuaia, la musicalización de Ariel Segundo y las visuales del VJ JORF de Río Grande.
Un día para compartir experiencias, disfrutar del arte, la música y el respeto.


MAS INFO: leindproduce@gmail.com
SABADO 9 DE JUNIO DESDE LAS 16HS GRATIS
SALÓN I.P.R.A. SAN MARTÍN 360 USHUAIA


REFERENCIAS:
Victoria Donda nació el 17 de septiembre de 1977. Es una activista de derechos humanos y diputada Argentina que forma parte del Movimiento Libres del Sur. Nació mientras sus padres permanecían secuestrados por la última dictadura argentina; quienes todavía siguen desaparecidos. Propulsora de varios proyectos de ley como el de despenalización de la marihuana que se esta debatiendo en estos momentos en el congreso.

Pablo Marchetti es periodista, músico, poeta y columnista del programa Duro de Domar. Fundador de la revista Barcelona y toda la usina de producciones y arte que crece a su alrededor, incluyendo el Conjunto Falopa y la ópera cumbia Mueva la Patria.

Conjunto Falopa: conjunto falopa se formó a fines de 2007, por iniciativa de Federico Marquestó y Pablo Marchetti. El primero propuso formar un cuarteto de guitarras para acompañar a Marchetti, que cantaría antiguos tangos satíricos de la década del 30. quien aceptó, pero contraofertó hacer temas propios. Ya tiene tres discos editados y cientos de presentaciones. www.myspace.com/conjuntofalopa

AJI INVITADO POR LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN DE RÍO GRANDE


Los alumnos de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del CENT Nº 35, en el marco del Día del Periodista, están organizando una actividad abierta a toda la comunidad, denominada Jornadas sobre el rol del periodista en la construcción de la realidad: “El poder de la palabra”.
La propuesta se desarrollará los días 5, 6 y 7 de junio en el horario de 19:30 a 22:30, en la sede de Estrada 2022 (Escuela N° 14) y contará con la participación de profesionales de la Comunicación del ámbito local y nacional y docentes de la carrera.
Según informaron los organizadores “las actividades previstas tienen como objetivo general construir, a partir del diálogo, nociones sobre el poder de los medios en la construcción de la realidad y revalorizar la figura y labor del comunicador. Estas jornadas se realizarán considerando como eje temático principal el rol del periodista y la consideración del manejo de la información como un bien público”.
Asimismo indicaron que “todos los ejes temáticos, de cada día de las jornadas, son propuestos como puntos de partida para debatir y re-significar en un ejercicio de diálogo esencialmente democrático”.
El cronograma y las temáticas previstas son los siguientes:
Martes 5. Tema: “¿Cómo se construye el poder desde los medios?”.
Expositores:Marcelo Barros, docente de la Carrera de Técnico Superior en Comunicación Social. CENT Nº 35;
José Piñeiro, periodista; dirigente gremial; Rosa Oyarzo, egresada del CENT 35, periodista;
Leandro González, productor y director de la Revista AJÍ;
Diego Zalazár, periodista.
Miércoles 6. Tema 1: “Ley de Servicios Audiovisuales”.
Expositores: Diego Skliar, Periodista de la FM comunitaria “La Tribu”de Bs. As.
Tema 2: “Legislación y Periodismo: Libertad de Expresión, Derecho a Réplica y Ética Periodística”.
Expositores:Juan José Varela, Juez del Tribunal Oral;
Yolanda Dips, periodista y coordinadora de la Tecnicatura en Comunicación Social.
Jueves 7. Tema: “Radios comunitarias”.
Expositores: Darío Bechetti, Periodista y Locutor de la FM Comunitaria “Estación Sur” de La Plata. Diego Skliar.

Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazo la megamineria



(por Darío Aranda desde Loncopué, Neuquén) Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.

Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. Este domingo 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde hace cincuenta años, intentó frenar la votación y, durante toda la jornada, puso trabas para el desarrollo del acto eleccionario. “Ganó el pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese futuro dice no a la megaminería, dice no a las patotas del Gobierno, dice sí a la vida”, celebró una emocionada Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).

Doce mesas para votar en una escuela. Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y fiscales (mayoría de mujeres). Nervios, pero también alegría, mates y galletitas de mano en mano. A las 8.06 fue el primer voto. Previsor, el hombre pidió no dar el nombre y explicó por qué: “Soy empleado municipal, bautizame don Jorge”. Padre de cinco hijos, 56 años, nacido y criado en Loncopué, definió su sentimiento madrugador: “Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No tenemos que dejar que nos impongan cosas que arruinan la vida y el ambiente”.

Tres minutos después, votó Oscar Muñoz, 32 años, nacido y criado en el pueblo. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”, sonrió y, antes de irse, anunció lo que luego sucedería: “Aquellos son punteros, acá nos conocemos todos, quieren meter miedo, sacar planes, pero ganará el pueblo”.

A las 11 llegaron las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, Inés de Ragni y Lolín Rigoni.

Asambleas + comunidad indígena

Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa china (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén).

De ese rechazo nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero) que está directamente afectada por el proyecto.

Lucharon desde la calle (volanteadas, charlas debate, cortes de ruta informativos) y también presentaron en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.

La semana pasada, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. El viernes a la mañana el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum era legítimo y sujeto a derecho. El mismo viernes, Cormine apeló. Y el mismo día, a la tarde, el máximo tribunal volvió a rechazar la presentación de Cormine. En un solo día, dos veces el Superior Tribunal le dijo no al gobierno provincial.

La “democracia” del MPN

A las 8, hora de inicio del referéndum, aún era de noche. El viento frío golpeaba y, en plena veda, el pueblo amaneció con sus calles alfombradas con un panfleto: “No te dejes engañar. No vayas a votar”. No llevaba firma, pero todos apuntaron al partido gobernante, que la última semana había realizado dos presentaciones judiciales para evitar la votación. Y las dos veces le contestó el Tribunal Superior de Justicia (máxima instancia provincial), que rechazó el pedido del Gobierno y dio luz verde al referéndum.

El sábado, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal (Jucom) para exigir padrones y anular la votación. El escribano afirmó representar al vecino Omar Cea, chapista, y que vive en la casa que Carlos “Nuno” Sapag (hermano del Gobernador) posee en Loncopué. La Jucom exhibió toda la documentación en regla, pero sobre todo le explicó que debía seguir el procedimiento electoral, que estaban vencidos los plazos para presentarse como parte fiscalizadora.

Desde las 8.15 del domingo, grupos de personas se apostaron en la esquina de la escuela 168 Manuel Belgrano, pleno centro del pueblo, y comenzaron a anotar qué vecinos llegaban. También les sacaban fotos. “Están intimidando. Le meten miedo a los vecinos, pero no van a poder”, explicó Viviana Vaca.

A las 8.30 llegó el mismo escribano. Exigió padrones e intento fiscalizar la votación. Código electoral y Constitución Provincial en mano, el abogado Cristian Hendrickse y toda la Junta Electoral presente le explicó que no tenía autoridad para eso. La Junta redactó un acta dando cuenta de la situación.

El ministro viajero

A las 8.55 ingresó con dos policías el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza. “Vengo preocupado porque un ciudadano (por Omar Cea) pidió a escribanos que fiscalicen y aquí no se lo permiten”, acusó y pidió que la prensa se retire del lugar donde se daba la charla.

La Jucom pidió que la prensa se quede y le explicó cuál era todo el procedimiento vigente en la ley y también le expresó su sorpresa: “Qué curioso que por una persona que se queja por una elección, por una sola persona, un ministro de gobierno haga 350 kilómetros un domingo a la mañana y se muestre tan preocupado. Ya que está aquí, por favor ordene a la policía que retire a las patotas de su partido (MPN) de la esquina, donde están apretando a la gente”, le reprochó la maestra jubilada y miembro de la Jucom, Vilma Guillén.

A las 11, llegó otra escribana anti-referéndum. Presentó una denuncia en la policía porque no le dejaban permanecer como veedora de la votación. Se le volvieron a explicar los plazos y procedimientos, y también el sentido común: “Si cada vecino manda un escribano, y todos quieren fiscalizar, esto sería imposible”, le reprochó la Junta.

La familia Sapag gobierna la provincia desde hace medio siglo, casi sin intervalos. Están presentes en todos los negocios. Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador, en titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.

Patota click

Toda la mañana estuvo la patota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sacando fotos a los votantes y anotando en una lista quiénes votaban. A las 11.30, cuando ya era evidente que la población no había acatado la propuesta del MPN de no concurrir, el partido comenzó a llevar a sus militantes. Las camionetas doble tracción y los remises comenzaron a llevar votantes, pero ya era tarde.

A la siesta, cuando se retiraban las Madres de Plaza de Mayo, desde la patota del MPN hubo un grito hiriente: “¡Viva Galtieri! ¡Viva la dictadura!”.

La última perla de la democracia del MPN fue ya al cierre de la votación. La policía local se negó a resguardar las urnas. Los efectivos son vecinos, y pidieron disculpas, pero reconocieron “órdenes de arriba”. El máximo jefe es el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, el que horas antes se había “preocupado” por un ciudadano de Loncopué.

Un grito y muchos datos

Desde la media mañana hasta el mediodía los pasillos de la escuela estuvieron con un continuo ir y venir de votantes. Al mediodía menguó, y retomó a las 16.

A las 18.00 en punto, se cerró la votación. La escuela estalló en un aplauso cerrado, cinco minutos. Y el grito celebratorio: ¡Lon-co-pué! ¡Lon-co-pué! Entendían que, con el votar, ya se había ganado. A los pocos minutos, comenzaron a conocerse los resultados

Se necesitaba que vote al menos el 50 por ciento del padrón más uno. La votación pasó con creces. Al cierre de esta nota, aún sin números finales, había votado el 72 por del padrón (la ley pedía un mínimo de 50 por ciento más uno).

Y se necesitaba que la mitad más uno de los votantes diga “sí” a la ordenanza que rechaza la actividad minera. El conteo determinó que el 82 por ciento votó por el sí y el 14,9 por el no a la ordenanza. A modo de ejemplo, en la mesa 1: 195 dijeron sí a la ordenanza (que rechaza la megaminería) y 41 votaron por el no. En la mesa 2: 203 por el sí, 38 por el no. En la mesa 3, 199 votos contra 30. Datos similares, en cuanto a la diferencia, se repitieron en las nueve mesas restantes.

Como en Esquel

Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué, no paraba de sonreír. Atrás habían quedado las presentaciones judiciales del Gobierno (que intentó evitar la votación, pero que fueron desestimadas por el Superior Tribunal de Justicia), los aprietes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro años de lucha en rechaza a un proyecto minero de cobre, que pretende explotar el gobierno provincial y una empresa china.

“Un Gobierno que responde a los intereses de las petroleras y mineras, un Gobierno que no escucha al pueblo, hoy tuvo una lección de democracia. Como hace nueve años en Esquel, el pueblo le dice sí a la vida, le dice no a la contaminación, sí a la defensa del ambiente y de las futuras generaciones”, explicó aún en los pasillos de la escuela 168.

Pidió que “estos mecanismos democráticos” (de referéndum) sean implementados en Andalgalá, Calingasta, Famatina y Tinogasta, entre otros. “Muchos gobernantes tienen miedo de consultar al pueblo, curiosa forma de entender la democracia”, ironizó Hendrickse, apoderado por la Mesa del Sí.

Afuera de la escuela comenzaban a sonar los bocinazos. La marcha se armó a las 19, cuando los datos provisorios ya marcaban que el resultado era arrasador e irrevsesible. La marcha salió de la escuela y dio vueltas por el pueblo. En la avenida San Martín, la más importante, la columna mostraba a ancianas, hombres, mujeres y niños. Familias enteras desafiando al frío, y celebrando. Dos banderas, en el frente de la marcha, resumieron los años de lucha y la histórica jornada del 3 de junio de 2012: “Tenemos derechos a votar” y “No a la megaminería”.

Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina.
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