La Secretaria General de la CTA y representante del Foro Social Urbano, Silvia Paredes cuestionó la decisión judicial que condenó a okupas del asentamiento 10 de febrero a pagar una multa de 1000 pesos y a un año de trabajos comunitarios por la ocupación irregular del espacio público en 2007. “Los procesados son los vecinos que fueron trasladados a Andorra, al barrio de tránsito. La mayoría aceptó por las presiones que vivieron todos estos años, sobre todo muchas multas e infracciones en el último tiempo”, comentó Paredes. “La idea del traslado era que se deje sin efecto al causa judicial. Ayer aparecieron algunos compañeros en la Central (CTA) planteando qué hacían ahora ante esta situación. Deben pagar una condena basada en trabajos comunitarios y además, tener una condena firme los afecta en sus actuales trabajos”, expuso Paredes.
La representante del FSU señaló que la condena surge “del juicio inicial que tienen desde el año 2007. Estaba a cargo de la Dra. Rapossi que dictó sentencia. Lo peor es la incoherencia entre las promesas de campaña para que los compañeros sean relocalizados y la justicia que hace oídos sordos a la situación social y habitacional de la provincia”.
“Del barrio 10 de febrero se fueron unas 25 familias que tienen una especie de permiso de ocupación del lugar, pero bajo esa figura de tránsito. Y a partir de esto se levantaba la judicialización”, reiteró y adelantó que “desde la Central hemos planteado que vayan a hablar con nuestros abogados para definir la estrategia de defensa”.
Finalmente, informó que “está a punto de caer la ley de emergencia que paraba los desalojos, que de todos modos se llevaron a cabo porque muchos vecinos fueron perseguidos y presionados para trasladarse”.
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