El Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini confirmó la solicitud de detención de nueve policías en caso de torturas y elevó la requisitoria al juez Héctor Ochoa en el marco de la causa por la que se investigan vejámenes cometidos contra dos jóvenes detenidos a principio de marzo (ver), uno de los cuales recibió 16 puntadas con una picana eléctrica. Este hecho fue considerado como vejaciones gravísimas, lesiones y torturas; delito que no es excarcelable, por lo que se solicitó prisión para nueve efectivos de la Comisaria Primera y Tercera de Rio Grande para ser indagados. Asimismo otros oficiales -hasta el ex jefe de la comisaría- serán indagados por “omisión de acción”. Las inminentes detenciones mantiene en vilo a la institución policial. Mientras esto sucede en la esfera provincial, el Ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu se encuentra en Republica Dominicana acompañando a la Gobernadora Rios, cobrando unos suculentos viaticos, lejos de los problemas provinciales.
La detención del joven Franco Torres y Federico Sosa en la comisaría Tercera tuvo un vuelco a partir del informe patológico que confirmó lesiones con paso de electricidad, a partir de lo cual la causa pasó de simples vejámenes -excarcelables- a una figura penal mucho más compleja, según explicó el propio Quadrini, “con un método que no solamente implica por si el agravante de su utilización sino que esta metodología permite trazar un paralelismo con lo ocurrido durante la última dictadura militar, la aplicación de un tormento con la utilización de picanas eléctricas, agravado además por ser utilizado por una institución oficial. Los tratados internacionales a los que adhiere el país contra la tortura se aplica en cada causa, a partir de ahí califico estos hechos como vejaciones gravísimas, ilegales previstas en el artículo 144 bis el Código Penal mas vejaciones por los golpes recibidos, lesiones y torturas”.
El fiscal aseguró que el segundo aspecto a determinar, una vez confirmados los hechos, es la autoría, “así analizamos la cadena de custodia, es decir quien lo detuvo, donde lo tuvieron, donde lo llevaron y como. Como ninguna de las víctimas puede identificar a los policías, la documentación y libros de guardia nos permite establecer a numerosas personas en calidad de co autores, todos participaron de forma activa en la consecución de esa conducta”.
Allí Quadrini sentenció, “las nueve imputaciones surgen de ahí, solicitamos detenciones e indagatorias, por que la calificación legal de estos hechos impide una excarcelación”, previendo una escala penal similar a la del homicidio –de 8 a 25 años-, “agravado por ser cometido por funcionarios policiales”, enfatizó.
Luego retomó diciendo, “la cadena de custodia no se agota en la participación, sino en aquellos funcionarios de mayor rango que por acción u omisión no evitaron que esto sucediera y habiéndolo sabido, no lo denunciaron”, dijo, agregando, “no son partícipes del delito de tortura, son autores de las omisiones o incumplimientos”, en relación a un delito menor como puede ser el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese sentido las imputaciones solo llegan hasta el oficial jefe de guardia, “que tendría en este caso un rol de partícipe necesario por que se comunica sabiendo que a los chicos los habían llevado y se comunica, sin su aporte esto no hubiera sucedido”. “Respecto de los jefes de la comisaría, estoy pidiendo la indagatoria por omitir o hacer cesar estos hechos, cuando estaba bajo su competencia, y omitir denunciarlo por que lo único que hace uno de los jefes fue denunciar la rotura del parabrisas de un móvil y las lesiones de un policía”.
Por el momento las detenciones alcanzan a personal de la comisaría Tercera y dos funcionarios policiales de la comisaría Primera, con lo que se cruzaron en la guardia, “asimismo estoy reservando poder ampliar la requisitoria respecto de la comisaría Primera, de otros funcionarios mas altos que hayan participado de esta omisión”, acotó Quadrini.
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